El Universal
22 de septiembre de 2004
Los medios públicos(editorial)

FUERA de estudios académicos de limitada circulación, los mediós públicos de comunicación no suelen ser objeto de profundos análisis, sin embargo es tiempo de que la sociedad los revise y los ajuste a su servicio, en tanto entidades oficiales que viven de los recursos que todos les aportamos.
El país sobrelleva una situación muy peculiar en materia de radio y televisión, por la cual unos concesionarios y permisionarios comercializan las frecuencias del Estado, mientras que éste se ha reservado algunas para la difusión de contenidos primordialmente alternativos a los que ofrece la media comercial, con énfasis en lo educativo y cultural.
Durante los trabajos del Primer Congreso Internacional y Medios, el primer asunto que destacaron los analistas y académicos fue el de otorgarles personandad jurídica definida a los medios públicos, para que quede muy clara la forma en que éstos rendirán cuentas a la sociedad, la forma en que certificarán la calidad de sus contenidos, formas alternas de financiamiento que los haga económicamente viables y la legislación que establezca cómo han de abrir espacios a las distintas expresiones de la sociedad. Estos puntos conformarían una primera agenda para su replanteamiento a nivel legal, aunque también es preciso no dejar de lado el aspect político, sacado ayer a relucir por el subsecretario de Normatividad de Medios de la Secrétaría de Gobernación, Ricardo García Cervantes, quien aseguró que los medios públicos han dejado de servir al gobierno, aunque admite que algunos estados del país “todavía obedecen a una vieja concepción caciquil”
Es cierto que durante los años de hegemonía de un solo partido, los, medios de comunicación del Estado fueron instrumentos del gobierno en turno, lo que generó un oficialimo de medios al servicio de una élite, donde la sociedad era la que menos intervención tenía a la hora de definir contenidos y programaciones. Este manejo patrimonialista de radio y televisión estatales pervirtó su función y alejó a la sociedad de aquellas frecuencias en las que los ciudadanos no se veían reflejados.
La inercia de tantos años de un modelo vertical de medios ha impedido que el sólo cambio de partido en el poder haya devuelto a estos medios la función que debiera ser su punto de partida, la del servicio público, que es en lo que se debe trabajar ahora.
Es decir, está bien que el gobierno recuerde que no debe ser el rector único de contenidos y programas, pero ahora debe proveer las. bases para que se usen en favor de la población.
Esto nos lleva a la revisión del siguiente punto, que tiene que ver con el financiamiento de los medios públicos en tiempos de severas restricciones presupuestarias.
Lo común es que las formas alternas de financiamiento se encuentren en el mercado, lo que en no pocas ocasiones ha determinado que los contenidos se orienten en favor de patrocinadores que piden fórmulas comerciales ya probadas y exitosas en los medios de comunicación concesionados a particulares. Se sacrifica entonces la utilidad pública, así como contenidos alternos y variadas expresiones de la sociedad en aras de la competencia por los mercados y los ratings.
En resumen, el reto para los medios públicos durante los próximos años radicarán en resolver sus carencias legales, adquirir definición y perfil propios, independientemente de los gobiernos en turno, y encontrar formas imaginativas de financiamiento que no afecten la utilidad pública de unos medios de comunicación que son de todos nosotros.